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Docentes y más

No lo sabía, pero resulta que hoy, 5 de octubre es el Día Mundial del Profesorado. Aprovecho la ocasión para difundir un documento elaborado por Marea Verde cuyo contenido comparto íntegramente.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA LIBERTAD

   La Educación Pública es la única que garantiza la equidad y la cohesión social. Necesitamos un Sistema Público de Educación, de titularidad y gestión pública, como eje vertebrador y fundamental del sistema educativo. La educación es un derecho universal que, según los tratados internacionales de la ONU y la UNESCO y la propia Constitución Española, debe ser garantizado mediante un servicio público que permita ejercerlo en condiciones de igualdad, sin ningún tipo de discriminación de origen social o cultural, o por razones de creencias, de sexo, de orientación sexual o cualesquiera otras características de índole personal.  

   Estos días se está hablando mucho de una pretendida “libertad de elección de centro escolar”. Realmente, tras ese término se esconde una preferencia de selección escolar. Es cierto. Algunas familias muestran una cierta predilección por los centros concertados a la hora de escolarizar a sus hijos e hijas frente a la opción de los centros públicos, y eso a pesar de que estos últimos presentan condiciones objetivas más favorables para la educación de calidad (por ejemplo, contando con aulas menos masificadas o con profesorado seleccionado en pruebas objetivas que respetan igualdad, mérito y capacidad). Podríamos pensar que los centros concertados pueden ofrecer una mayor calidad en la educación académica, pero los datos lo desmienten. Tampoco los resultados respaldan una hipotética mejor formación en comportamientos sociales en los centros concertados con respecto a los centros públicos. Por otro lado, el factor religioso (católico) tiene una cierta relevancia, aunque no es determinante en último extremo, para la elección de centro.

Lo que sí respalda la evidencia estadística, es la creencia de los padres y las madres en que los ‘contactos’ sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en los resultados educativos y en el futuro sociolaboral de sus hijos e hijas, motivo por el cual suelen preferir centros concertados. Es decir, las características socioeconómicas medias del alumnado y de sus familias parecen proporcionarles más ventajas en las relaciones futuras. Lo cierto es que detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase.

Los estudios especializados así lo demuestran. Una reciente investigación en sociología de la educación, de la UAM (Rogero y Andrés, 2016), confirma que “la libertad de elección de centro no existe, es un término falaz para justificar un sistema que segrega al alumnado y que sirve a las clases medias y altas para alejarse de los alumnos extranjeros y de las clases bajas”. El informe de la OCDE denominado “Equidad y calidad de la educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”, indica claramente que “proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segregación y generar mayores desigualdades”.

En definitiva, el sistema de “elección de centro” se basa en la lógica individualista de la “ética del más fuerte” y no en la lógica igualitaria de la pluralidad y la convivencia. Así entendida, la libertad de elección es un privilegio y no un derecho.

La Constitución no ampara los conciertos. La libertad de enseñanza reconocida por la Constitución Española (Artículo 27) se concreta en la posibilidad de creación de centros privados, con arreglo a una normativa estatal, para el reconocimiento y homologación de sus actuaciones. Pero en modo alguno se contempla en nuestra Constitución, la posibilidad de que las familias deban recibir una ayuda pública para elegir entre ambas redes, pública y privada, ni que ésta última deba ser financiada con fondos públicos.

El texto constitucional no indica que el Estado esté obligado a otorgar gratuidad a la educación en centros privados por el simple hecho de que las familias elijan un centro distinto del creado por los poderes públicos.

Así lo dejó asentado el T. C. en la sentencia 86/1985, de 10 de julio: “…siendo del todo claro que el derecho a la educación no comprende el derecho a la gratuidad educativa en cualesquiera centros privados, porque los recursos públicos no han de acudir, incondicionadamente, allá donde vayan las preferencias individuales.”

La educación concertada de España es una anomalía en la UE. La media de centros privados financiados públicamente alcanza el 32,7%, en el país, en todos los demás países, la educación es fundamentalmente pública (89,2% en primaria y un 83% en secundaria en la UE-28, frente a un 67,3% de España).

Hay otra realidad incuestionable, la educación concertada segrega: La doble red de centros, se ha convertido en estos años en garantía de desigualdad. El 82% del alumnado inmigrante, de minorías y con necesidades educativas específicas está escolarizado en la escuela pública . Por tanto, no cabe hablar de calidad de la enseñanza, sino de calidad social de la clientela. Con ello nos encontramos ante un círculo vicioso de segregación social que, de continuar, aboca a una importante merma de la equidad y la cohesión social.

El sistema de conciertos educativos se planteó como una medida transitoria, como complemento a una red pública, ante la insuficiencia de centros públicos que existían en España a principios de los años 80, cuando el derecho a la Educación se hizo universal. Sin embargo, hoy es muy factible la desaparición paulatina y no traumática de los conciertos educativos. Como ya se ha hecho de manera puntual en varias comunidades autónomas. Sin perjuicio económico para las instituciones, y con la integración laboral del profesorado.

Estamos ante la disyuntiva entre dos proyectos ideológicos, sociales y políticos a nivel mundial. Dos formas radicalmente diferentes de entender el ser humano, las relaciones económico-sociales y la educación.

El primero, asienta sus raíces en un modelo económico y social  basado en el egoísmo competitivo. Para esta ideología el interés colectivo no tiene por qué ser la finalidad de la política educativa. Aboga por un mundo de competición descarnada, donde el mercado regule quién sobrevive en esta lucha permanente y desaparezcan los mecanismos de protección del bien común.

Existe otro modelo que considera que la finalidad de la educación es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo moral y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que viven. Busca la mejora de todas las escuelas públicas y hacerlas aceptables a las familias, en vez de incitarlas a elegir y competir, ya que no solo es menos costoso, sino que preserva los fines sociales de la educación. Este el el nuestro.

Lo han conseguido: ya no hace falta

Así es. Durante los tres primeros meses del curso no se ha cubierto una plaza en el CEPER Victoria Alba y ahora ya no es necesaria. He aquí las razones:

  • El alumnado que prepara la prueba de acceso a la universidad se examina en abril, no tiene tiempo que perder. Quien tiene medios para ello se ha ido a una academia (enseñanza privada). Los que siguen acudiendo a clase, habiendo empezado en noviembre, y renunciado a preparar las áreas específicas por falta de profesor, es difícil que alcancen una preparación adecuada. Este año los resultados del alumnado del centro en esta prueba no serán como acostumbraban. ¡Que buena forma de promocionar la enseñanza pública!
  • Tal como se preveía, el número de chicos y chicas que pretendían obtener el título de Graduado en ESO se ha visto reducido sensiblemente: no más de treinta y cinco de los cincuenta y cuatro que empezaron siguen asistiendo con regularidad. Se han aburrido porque no tenían perspectivas de conseguir su título. ¡Ya no es necesario desdoblar la clase! ¿Seguro? ¿Alguien cree seriamente que se puede atender como se debe a un grupo tan numeroso con las dificultades que tienen? ¡Por favor!
  • Pero como lo que cuenta son los números, no las personas, no hay clases masificadas,  YA NO SE NECESITA UN DOCENTE MÁS.  Se acabó el problema.

Una muestra clarísima del efecto Pigmalion. Se cumplen los pronósticos de la administración: como iban a dejar de asistir, no era necesario una maestra, o maestro, más.  Y lo peor es que esos datos, esa profecía cumplida, se utilizarán para la dotación de personal del curso siguiente: como se ha comprobado que, efectivamente, en el segundo trimestre ya no hará falta, ¿para qué nombrarlo? Total, si muchos van a dejar de asistir.

Sólo que es una falacia. Claro que una parte del alumnado que prepara pruebas se aburre y abandona, pero ni mucho menos en la medida en la que ha sucedido este curso. ¿Quién no abandonaría si las perspectivas de superar la prueba fueran tan escasas?

Como ya dijimos en otra ocasión, el prestigio de un centro docente se logra con muchos años de buen trabajo y se puede perder con mucha facilidad. Este curso los resultados serán peores. ¿Qué pasará el próximo?

Una administración educativa no puede, no debe, olvidar la necesidad de formación de aquellas personas que están en peores condiciones para defenderse en la vida, para insertarse en la sociedad y reunir las condiciones imprescindibles para acceder a un trabajo digno. Y en esa categoría entran sin duda aquellas que no tienen titulación académica, lo dicen todas las estadísticas que relacionan nivel de estudios y paro.

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Una administración educativa que se denomine socialista, como la actual, no puede permitirse el lujo de despreciar a las personas con mayores dificultades y echarlas en los brazos de centros privados a los que pocos tienen la posibilidad de acceder. No puede negar el pan y la sal a los centros públicos mientras mantiene conciertos con centros privados que mal disimulan la selección de su alumnado. O, ¿por qué creen que en tantos centros concertados hay tan poco alumnado con necesidades educativas especiales (con la honrosa excepción, en Jerez, de SAFA), o proveniente de familias con escaso poder adquisitivo? ¿Por casualidad?

¿Y saben qué? Los administrados no deberíamos consentirselo.

 

Incentivos

Parece que el anteproyecto de Ley de Educación de Extremadura ha causado revuelo porque habla de incentivos económicos al profesorado. Se dice que el malestar viene de que se tendrán en cuenta los resultados académicos del alumnado. Aquí y aquí se pueden leer artículos de prensa sobre el tema, y aquí la interpretación de la Consejera.

Me llaman la atención algunas cosas:

  • Siempre hemos considerado injusto que aquellos que cumplen y ya está, e incluso los que ni siquiera cumplen, que los hay, al final de mes cobren lo mismo que aquellos que se implican de veras en el funcionamiento de los centros, en el aprendizaje de sus alumnos, en la formación de los padres…
  • Cuando surge la posibilidad de aceptar incentivos por mejorar, reaccionan en contra con la misma virulencia los mejores profesionales (ya hacen lo que pueden ¿qué van a mejorar?; que no les pidan además papeles, evidencias de su buen hacer, que su tiempo lo dedican a lo productivo: enseñar a sus alumnos) y los peores (los que presumen de no llevarse a casa ni un papel, de no dedicar a la enseñanza, que no educación, más tiempo que el que están en el centro, de desconectar tan pronto salen por la puerta, de no hacer actividades extraescolares, de no recibir padres…)
  • Nunca se le supone buena intención al legislador: están intentando comprar resultados o están dando por supuesto que la causa del fracaso escolar es la mala práctica docente, por eso plantean los incentivos. Cuando la Junta de Andalucía propuso el Programa de Calidad y Mejora, (que supone hasta 7000 euros en cuatro cursos para el profesorado que se implique en la consecución de unos objetivos que el propio centro determina) un ingente número de buenos profesionales se sintieron ofendidísimos porque entendían que la propuesta implicaba esas opciones ofensivas y ninguna otra. La mayoría de los centros no aceptó la propuesta, y muchos de los que la aceptaron hicieron poco más que redactar lo que ya hacían con antelación.
  • A cambio, el profesorado reclama, con buen criterio, la reducción del número de alumnos por grupo. De acuerdo, con algunos matices:
    • Es más importante la atención al alumnado con dificultades por personal especializado, incluso dentro del aula, que la reducción excesiva del número. Los grupos necesitan un cierto número crítico para funcionar.
    • En el caso de primero de primaria, la necesidad de profesorado de apoyo se hace especialmente evidente. El alumnado que no consigue dominar la lectoescritura y los fundamentos matemáticos en su momento, tienen muchas posibilidades de no conseguir el éxito escolar. Atender sus necesidades específicas es imprescindible y no se está haciendo, al menos no en la medida necesaria.
    • Ningún grupo debe sobrepasar el número que se fija en la ley para cada tipo de enseñanza. Sin subterfugios.
    • En ESO ese número no debe ser mayor de los 25 de primaria, al menos en los dos primeros cursos. La diversidad del alumnado aumenta con los años que van pasando, y la adolescencia añade problemas que antes no existian. No es posible una atención adecuada con grupos más numerosos. En tercero y cuarto los programas de diversificación curricular disminuyen la ratio en la mayoría de las materias.
    • Es imprescindible que los institutos dispongan de alternativas que ofrecer al alumnado adolescente que es refractario al trabajo académico. Los objetores escolares son en muchos casos chicos con otros intereses, que cuando encuentran un trabajo que les gusta son buenos profesionales. La misma tarea escolar en grupos más pequeños puede permitir un mayor control pero no siempre un mayor éxito.
    • La reducción de la ratio sólo es eficaz cuando la atención al alumnado es lo más individualizada posible. En las clases magistrales el número no influye en los resultados.
  • La mejora de los resultados en las pruebas PISA en el caso de Portugal parece que va ligada a una actuación basada en los incentivos por resultados. Ya lo comentamos aquí.
  • Aumentar el porcentaje de chicos y chicas que terminan la secundaria obligatoria con éxito, así como el de los que realizan enseñanzas posobligatorias, especialmente Formación Profesional, es una necesidad ineludible. No me parece mal que se incentive el mayor esfuerzo por conseguirlo, acompañado de los medios necesarios.
  • He leído el proyecto de ley extremeña y no he encontrado que relacione los incentivos con las notas del alumnado. A continuación pego la cita textual relacionada con ellos, y enlazo con el texto completo.

Artículo 156. Incentivos económicos y profesionales.

1. La Administración educativa establecerá un sistema de carrera profesional vinculado a la formación acreditada y a la mejora de la práctica docente. Todo ello ligado a los resultados de una evaluación voluntaria del ejercicio profesional.
2. La Administración regulará la asignación de incentivos de carácter profesional y económico vinculados a planes de innovación educativa, proyectos bilingües, uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación, así como otros que reconozcan la labor del profesorado y su especial dedicación al centro.
3. En particular, la Administración educativa favorecerá la permanencia del profesorado, sea de carrera o interino, en aquellos centros radicados en áreas de marcado carácter rural o centros que precisen de medidas singulares derivadas de las
necesidades del alumnado y de las características del entorno y que, por tanto, pueden estar sujetos eventualmente a un elevado índice de movilidad del personal docente. A tal efecto, y sin perjuicio de los incentivos económicos que puedan  arbitrarse, la Administración primará como mérito específico el desempeño continuado de puestos de trabajo en dichos centros tanto en los concursos de traslado que le corresponda
organizar como en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos.